RESUMEN: La controversia en torno a la propiedad de la finca llamada Casa Llotja de Mar en Barcelona comienza cuando la Cámara de Comercio afirmó tener la propiedad de la finca, lo que fue cuestionado por la Sociedad Rectora de la Bolsa de Barcelona y el Colegio de Corredores. Estas entidades presentaron una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia, en la que no reclamaban la titularidad de la finca, sino simplemente que no se reconociera la propiedad a la Cámara de Comercio para que pudieran continuar usando la finca como sede social. La demanda fue presentada después de que la Cámara de Comercio inscribiera la propiedad de la finca en el Registro, sin presentar título alguno de propiedad. El Estado intervino mediante la tramitación de un expediente de investigación que duró tres años y que concluyó con la declaración de la Casa Llotja como «bien vacante» y su incorporación al Patrimonio del Estado. El expediente incluyó pruebas y alegaciones de todos los interesados en la finca, y fue emitida una resolución administrativa en marzo de 1997. La controversia fue muy polémica y motivó la intervención de varias autoridades, incluyendo la Presidencia de la Generalitat y el Gobernador Civil, quienes hicieron recomendaciones para evitar un conflicto mayor entre las entidades catalanas involucradas.

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